El diablo está en los incentivos

Alberto Etchegaray

Las personas actúan o dejan de actuar por incentivos. Una consideración clave cuando se revise en el Congreso el nuevo proyecto de ley que reforma a la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para convertirla en una Comisión de Valores y Seguros (CVS). Una buena iniciativa que venía discutiéndose hace varios años, básicamente por el convencimiento de muchos -incluyendo al actual y ex superintendentes, entre quienes me incluyo- que la SVS necesitaba mejorar su Gobierno Corporativo. Por eso es bien probable que el proyecto cuente con un apoyo transversal.

Pero el diablo está en los detalles y, en mí parecer, hay varias materias que deben ajustarse. Como su articulado es largo, en esta columna solo me refiero a dos materias: la reforma al proceso de sanciones y el mecanismo de la delación compensada.

Primero, el proceso sancionatorio hace explícita una figura de “fiscal”, que tendrá la exclusiva labor de investigar las posibles infracciones y, en caso de existir, presentar los cargos ante la CVS para su eventual sanción. Un diseño que cumple con el principio de debido proceso -que el acusador no sea el mismo que quien finalmente juzga- y que se parece bastante al del Tribunal de la Competencia con la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Pero hay un matiz muy grande: el fiscal de la FNE es autónomo y jefe de servicio, y los profesionales le reportan a ése fiscal. En cambio, el proyecto de CVS propone que el fiscal no sea autónomo, pues será el presidente de la CVS quien ejerza de jefe de servicio y principal autoridad, con todas las implicancias e incentivos negativos que esa definición orgánica podría generar en la interacción de esas dos figuras. 
Segundo, el proyecto recoge un incentivo que ya está vigente en materia de libre competencia: la delación compensada, es decir la posibilidad de ofrecer una rebaja en las sanciones a quienes confiesan su participación en un hecho ilícito, aportando pruebas que permitan condenar al resto de los participantes en esos hechos. Una medida especialmente relevante en la fiscalización de uso de información privilegiada, manipulación de precios o la entrega de información falsa o tendenciosa al mercado, delitos que por su naturaleza resulta difícil pesquisar.

El problema es que justamente en estos casos estamos en presencia de delitos y eso implica que la SVS tiene una competencia acotada solo para la sanción pecuniaria de índole administrativa, pues el Ministerio Público es autónomo para iniciar la acusación penal. Así, podría ocurrir que la CVS rebajara significativamente la sanción a un denunciante y que el Ministerio Público procediera a acusarlo sin diferenciarlo del resto de los denunciados. Evidentemente se produciría un desincentivo para futuras denuncias, justamente lo opuesto a lo que se pretende lograr. Por eso es imprescindible que ambas instituciones cuenten con un mecanismo de coordinación que asegure una simetría en la respuesta al denunciante.

Como ve, los buenos o los malos incentivos hacen una gran diferencia.